Al arribo de las nuevas autoridades se despidieron tres funcionarios, sin pagarles la indemnización correspondiente que ascendía a la suma de $20.057.262. Ahora la justicia ordena pagarles más de $46.000.000.-
Este medio advirtió, en su oportunidad, que más valía mantener a estos funcionarios realizando trabajos que no fueran de confianza del alcalde, como por ejemplo: ordenando documentos, ayudando a otros funcionarios y, por último, permitiéndoles quedarse en sus casas, si eran un estorbo para el municipio, y no despedirlos porque iba a salir más caro si demandaban al municipio y se perdía el juicio.
Agregando el baldón que significa para una municipalidad, manejada por gente de izquierda, ser demandada por no cumplir con las leyes laborales.
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